Los procuradores adjuntos Pedro Amador, Isis de la Cruz Duarte y el procurador de Corte, Melquiades Suero, hicieron el pedimento a los jueces Francisco Jerez Mena, Fran Soto y María Garabito.
En su dictamen, el ministerio público pidió a los jueces declarar culpable al legislador y que en consecuencia fuera sentenciado a cinco años de prisión para ser cumplida en la cárcel Modelo de Rafey-Hombres, de Santiago.
Igualmente, el ministerio público en su dictamen, pidió al tribunal notificar la sentencia a intervenir al juez de la ejecución de la pena de Santiago y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para los fines de lugar correspondiente.
Los procuradores adjuntos y de Corte, consideraron en la audiencia de jurisdicción privilegiada, que el diputado violó los artículos 24 y 25 de la ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública.
Igualmente, sostienen que el legislador violó el artículo 1 de la Ley 5869 sobre violación de propiedad, así como los artículos 1 y 2 de la Ley 5997 sobre destrucción a la propiedad ajena en perjuicio de la señora querellante Lucila Nelly Capellán Luna, quien es representada por el abogado César Amadeo Peralta.
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