Por: Ana Inoa / Periodista
Opinión
La Comisión Electoral del CDP no es tribunal,
no es comité ejecutivo, y —mucho menos— es deidad. Su mandato es simple y
acotado: organizar un proceso electoral limpio, transparente y
participativo. Todo lo demás es extralimitación. Sin embargo, en estos días
hemos visto a sus miembros actuar como si el reglamento fuese un espejo y no un
límite, “habilitando” y “inhabilitando” a discreción, como si la voluntad de
cinco personas estuviera por encima de la ley, del estatuto y del sentido
común.
¿Quiénes son para inhabilitar a un miembro
activo?
Inhabilitar candidaturas no es un capricho
administrativo: es una sanción extrema que, cuando procede, se somete a reglas
claras y a órganos con competencia para decidirlo. Aquí no hay ni lo uno
ni lo otro. La comisión no es árbitro disciplinario ni custodio de membresías;
su papel no es “decir quién es miembro y quién deja de serlo”, porque esa facultad
corresponde a la estructura ejecutiva y a los procedimientos establecidos.
Usurpar ese rol es una agresión institucional.
De la sonrisa hipócrita al cuchillo por la
espalda
Lo más grotesco no es solo la decisión, sino el
método: una cacería de una sola persona, bajo criterios cambiantes, con
sonrisas de pasillo y puñales en sala. Esa irracionalidad deja al
desnudo una parcialidad que avergüenza. Cuando las reglas se acomodan para
golpear a quien compite, no hay árbitro: hay un actor político con silbato,
rompiendo el partido mientras finge impartir justicia.
La ley no se negocia
Una comisión que “resuelve” a su antojo, que
inventa atribuciones y desconoce órganos, rompe la columna vertebral del
proceso. No hay elección legítima si la autoridad organizadora cree que puede sustituir
a la legalidad. Una institución que admite ese desorden institucionaliza la
arbitrariedad y condena al gremio a la desconfianza permanente.
El costo de la soberbia
Lo que hoy vivimos no es una anécdota: es una crisis
fabricada por la peor comisión electoral que ha enfrentado un torneo electoral.
Y esa factura la paga el CDP en reputación, cohesión y participación, porque
hay una sociedad allí afuera que esta señalado y juzgando por las actitudes que
ven a través de los medios, que tanto vemos mal en los gremios o los torneos
políticos cuando actúan de esa forma, por lo tanto, a los colegas se les pide
fe en las urnas, pero se les ofrece un reglamento de plastilina. Así no se
construye democracia gremial; así se dinamita.
Nombres y responsabilidades
Que quede claro, con nombres y apellidos,
porque la responsabilidad también lo tiene: Quiterio Cedeño, Nurys Brito,
Elsa Bello, Raúl Hernández y Fidias Cuevas. Apunten en sus hombros la vergüenza
que hoy carga el gremio por su parcialidad. No son “señores dioses”; son
funcionarios de un proceso con límites precisos. Y se les fue la mano… y el
mandato.
Rectificar no es humillarse: es cumplir
La salida existe y es sencilla: volver al
carril. Respetar las competencias del Comité Ejecutivo del CDP, ceñirse al
reglamento, detener la cacería y permitir que la voluntad de las y los
colegiados se exprese sin trampas ni vetos disfrazados. La ley no tiene amigos
ni enemigos; tiene procedimientos. Y si a alguien le incomodan, no es
problema de la ley: es problema de su soberbia.
Porque el gremio no necesita “dioses”: necesita
árbitros serios, reglas claras y un voto contado con la misma dignidad con la
que se ejerce la palabra. Rectifiquen. Aún están a tiempo de no pasar a la
historia como lo que hoy parecen empeñados en ser.
