Escrito por: Ana Inoa
A un año de la tragedia ocurrida en Jet Set, la República Dominicana sigue cargando una herida abierta. No solo por la magnitud del dolor, sino por la sensación colectiva de que la justicia avanza con una lentitud que lastima, desgasta y desilusiona a los familiares de las víctimas y a toda una sociedad que aún exige respuestas.
Ha pasado un año desde aquella madrugada del 8 de abril de 2025, cuando una noche que prometía alegría, música y celebración terminó convertida en una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país. A las 12:44 de la madrugada, el reloj pareció detenerse entre gritos de auxilio, llanto, polvo, sirenas y un operativo de rescate que marcó para siempre la memoria nacional.
Lo que debió ser una velada inolvidable por razones felices, terminó siendo una escena de horror colectivo. Figuras de renombre, familias enteras, amigos, conocidos y ciudadanos comunes quedaron atrapados en una tragedia que vistió de luto a la nación. Desde entonces, la herida no ha cerrado.
Un año después, el país no solo recuerda a las más de 236 víctimas. También observa con impotencia cómo transcurren los días, los meses y ahora un año completo, sin que el sentimiento de justicia alcanzada logre tocar el corazón de quienes perdieron a sus seres queridos. Para muchos familiares, el tiempo no ha servido de consuelo, sino de confirmación amarga: el dolor permanece, y la respuesta institucional no ha tenido la contundencia que la dimensión del caso reclama.
La tragedia de Jet Set no puede verse solo como un expediente judicial ni como una noticia archivada en la memoria reciente. Es, ante todo, una prueba para el sistema de justicia dominicano y para la credibilidad del país frente a su propia ciudadanía. Porque cuando una nación presencia una tragedia de semejante magnitud, espera consecuencias claras, responsabilidades definidas y una actuación judicial que inspire confianza, no desesperanza.
Sin embargo, lo que se percibe desde amplios sectores de la sociedad es una dolorosa desilusión. Juicios que van y vienen, procesos que parecen extenderse, peritajes, auditorías y tecnicismos que, aunque forman parte del marco legal, terminan alimentando la sensación de que el tiempo corre más rápido que la justicia. Y cuando eso ocurre en medio del duelo de cientos de familias, la herida se profundiza.
La pregunta que hoy se hace el país no es solamente jurídica; es también moral. ¿Existe realmente un régimen de consecuencias cuando la negligencia, la codicia o la irresponsabilidad terminan costando tantas vidas? ¿Puede el poder imponerse sobre el clamor de una nación herida? ¿Qué mensaje recibe la sociedad cuando un caso de tan alto impacto sigue generando más preguntas que respuestas definitivas?
A un año del colapso, familiares y amigos volvieron a reunirse en vigilias cargadas de dolor, memoria y lágrimas. Cada vela encendida recordó una ausencia. Cada nombre pronunciado devolvió a la conciencia nacional la dimensión humana de la tragedia. Porque detrás de cada cifra hubo una vida, una historia, una familia rota y un futuro interrumpido.
Y mientras ese duelo se renueva, la sociedad también se interroga sobre la responsabilidad de quienes, de una u otra forma, estaban llamados a garantizar la seguridad de ese espacio. El país mira, cuestiona y espera. Espera que la verdad no sea desplazada por la influencia. Espera que la justicia no se convierta en un privilegio de interpretación. Espera que la memoria de las víctimas no sea arrastrada por el cansancio ni por el olvido.
Jet Set dejó una enseñanza dolorosa: cuando fallan la prevención, la supervisión y la responsabilidad, las consecuencias no se miden solo en daños materiales, sino en vidas humanas. Por eso este caso no puede diluirse en el tiempo ni reducirse a trámites judiciales. Lo ocurrido debe convertirse en un precedente firme, en una advertencia nacional y en una exigencia ética para el presente y el futuro.
La República Dominicana merece una justicia que no solo exista en los códigos, sino que se sienta en la realidad. Una justicia que responda con firmeza ante el dolor colectivo. Una justicia que no permita que el silencio termine cubriendo lo que aún reclama verdad.
Porque un año después, las víctimas no pueden hablar.
Pero sus familias sí.
